Comentario

La caída del régimen liberal puso de manifiesto la debilidad del sistema político que estaba basado en una Constitución, la de 1812, que si bien se había convertido en todo un símbolo de las libertades, había mostrado también su ineficacia a la hora de aplicarse a la realidad concreta de la España de aquellos años. Fernando VII recuperaba la plenitud de su soberanía y se dispuso a continuar su reinado de una forma similar a como lo había hecho entre 1814 y 1820. Sin embargo, con el paso de los años, el gobierno experimentaría una cierta evolución hacia un reformismo moderado que marcaría una clara diferencia con el periodo absolutista anterior. No es grande la atención que la historiografía le ha dedicado a estos últimos años del reinado de Fernando VII, hasta el punto que podría decirse que ésta es su etapa menos conocida. Y sin embargo, a pesar de que presenta una imagen contradictoria, las transformaciones que experimentó la administración y la misma política del Gobierno hacen de este periodo uno de las más interesantes del reinado. En efecto, frente a una labor de destrucción de todos aquellos logros alcanzados durante el Trienio y frente a la persecución de quienes habían colaborado con la política liberal, se adoptaron medidas claramente reformistas, como la creación del Consejo de Ministros, o se promulgaron leyes de marcado signo liberal, como la Ley de Minas de 1825 o el Código de Comercio o la concesión a Cádiz de un puerto franco en 1829. De esta forma, los últimos diez años del reinado de Fernando VII jugarían un papel importante como tránsito entre el Estado del Antiguo Régimen y el Estado liberal, que acabaría imponiéndose después de la muerte del rey.
La segunda restauración de la Monarquía absoluta comenzó antes de la salida del rey de Cádiz a primeros de octubre de 1823. El gobierno nombrado por la Regencia instaurada por Angulema y que presidía el duque del Infantado destituyó, mediante una Ordenanza de 9 de abril, a los Jefes Políticos, Alcaldes y Ayuntamientos constitucionales y restableció en sus puestos a las autoridades existentes en 1820. Al mes siguiente se restauró el Consejo Real, así como otras instituciones que habían sido suprimidas durante el Trienio. A esas viejas instituciones se unieron otras nuevas entre cuyos objetivos estaba el de llevar a cabo una represión sobre quienes habían detentado algunas responsabilidades en la etapa anterior, como el Ministerio del Interior o la Superintendencia de Policía. El rey por su parte, cuando desembarcó en el Puerto de Santa María, procedente de Cádiz, y se vio libre del control al que lo habían tenido sometido los liberales, olvidó sus promesas de perdón y declaró que "Son nulos y de ningún valor todos los actos del gobierno llamado constitucional (de cualquier clase y condición que sean) que ha dominado a mis pueblos desde el día 7 de marzo de 1820 hasta hoy, día 1° de octubre de 1823, declarando, como declaro, que en toda esta época he carecido de libertad, obligado a sancionar leyes y a expedir las órdenes, decretos y reglamentos que contra mi voluntad se meditaban y expedían por el mismo gobierno". Esta actitud ampararía la persecución de que serían objeto los liberales más conspicuos.